sábado, 5 de marzo de 2011

EL GOBIERNO DISCRIMINA A LOS DISCAPACITADOS DE LA POLICIA, LA GUARDIA CIVIL Y MILITARES HERIDOS EN ACTO DE SERVICIO



Los pensionistas de Clases Pasivas que involuntariamente adquieren esta condición, como consecuencia de lesiones o enfermedades ocasionadas en acto de servicio o como consecuencia de éste, son todas aquellas personas que siendo servidores del Estado y en el ejercicio de sus funciones un día cualquiera sufrieron un accidente, atentado terrorista o enfermedad que les imposibilita e invalida para desarrollar su profesión

A modo de deuda moral que el Estado adquiere con los que al servicio de España, han sufrido esas minusvalías, se les reconoce una pensión extraordinaria que nunca llegan a cobrar por una medida provisional que instauró el Gobierno hace ya 27 años

Lamentablemente, el abandono que se sufre y el estado crítico de muchas de estas personas que se encuentran en esta situación por su discapacidad, les impide el poder luchar por sus derechos y tienen que resignarse a lo que como a modo de limosna, el Gobierno quiera darle y negándoles la cuantía de la pensión que tienen reconocida.


El Gobierno se aprovecha injustamente de estos discapacitados que no pueden defender sus derechos porque su minusvalía se lo impide y no pueden hacer nada, porque en muchos de los casos, sus limitaciones y minusvalías les impiden acceder a la información y otros, por motivos psíquicos, ni están en la razón de saber lo que les corresponde.

Discapacitados que como servidores al servicio de los españoles han tenido como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, así como la defensa  nacional e integridad territorial de España, en el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas, y que por causas ajenas a su voluntad y en el cumplimiento de sus misiones, ven truncadas todas y cada una de las expectativas que tenían para su vida, siendo apartados y separados de su colectivo, sin recibir por parte del Gobierno y de los poderes públicos el reconocimiento que se merecen por los servicios prestados al Estado y sus ciudadanos.

Ahora son personas mermadas que no tienen una vida fácil por su discapacidad y deben de vivir además de con sus limitaciones, con el engaño, con la artimaña o con la trampa legal de no darles lo que les corresponde, aunque lo tengan reconocido.

Afortunadamente, los que tienen la suerte de que su minusvalía no les impide informarse y asesorarse, han emprendido acciones legales a través del Gabinete Osuna de Sevilla, al que muchos se van sumando, para acabar de una vez por todas con este atropello, fruto de la dejadez y el abandono, hacia un colectivo que lo dio todo y no ha sido recompensado en nada.

A otros colectivos, entre ellos los políticos, simplemente por dejar un puesto o cargo, se les reconoce una compensación o se les indemniza cuando cesan y sin quedar mutilados o heridos de por vida, como es el caso de este colectivo de discapacitados, que nada más que puede callar ante la barbaridad y el abandono que sufren ante quien debería ser garante de sus derechos, el Gobierno.


Un Gobierno, que jamás debería aprovecharse de las limitaciones y de las carencias que pueda tener un colectivo de discapacitados, que ha dado todo por el país y que debe poner cuanto antes, solución a un problema, que nunca tenía que haberse dado y respetar de manera digna a quienes dieron todo  a cambio de poco.

Podrán poner alguna excusa engañosa o en algún pretexto se basarán, para argumentar ante la opinión pública esta injusticia ante los discapacitados cuando se les pregunte. Pero a otros, a los Militares, Guardias Civiles y miembros del Cuerpo Nacional de la Policía que diariamente se juegan la vida en el desempeño de sus deberes y de sus misiones, aunque su vocación está mucho más allá, les sembrará un mar de dudas ante esta falta de respaldo, porque el Gobierno, poco hará por ellos si tienen la mala suerte de sufrir una desgracia como otros ya la están padeciendo.

También podrán hacer oídos sordos y esperar a que estos discapacitados pierdan ante los tribunales o se retrasen sus demandas, que se resignen a seguir siendo limitados y poco o nada recompensados. Pero quedará grabado en la conciencia de muchos españoles y de todos aquellos que, al servicio de España y de sus ciudadanos, son tratados injusta e indignamente por su propio país, sin ser merecedores de tan lamentable desprecio e injusto castigo.